Tanto aquellos autónomos cuyas actividades han quedado suspendidas, como los que vean reducida su facturación un 75% respecto al semestre anterior, podrán acogerse a esta prestación.

La cuantía de la prestación será equivalente al 70% del promedio de las bases cotizadas en los doce meses anteriores, o de la base mínima en caso de no haber cotizado los 12 meses.

Esta prestación será comunicada a las Mutuas que se han cargo del pago de las mismas en las cuentas bancarias que cada autónomo designe.

Estos expedientes de suspensión de contratos y/o reducción de jornada, autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, exonerarán a la parte empleadora (sociedad o autónomo) al abono de la aportación empresarial de los seguros sociales de los trabajadores, siendo el 100% de la exoneración cuando se tengan menos de 50 trabajadores y del 75% cuando se supere.

El trabajador cobrará la prestación por desempleo que le corresponda, es decir, el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses en paro, y el 50% a partir del séptimo mes. 

La base sobre la que se calcula este porcentaje es la media de las bases de contingencia profesionales, excluyendo las horas extraordinarias, de los últimos 180 días cotizados. En cuanto al paro, el Ejecutivo ha determinado que no se computará el tiempo en el que el trabajador cobre la prestación a efectos de consumir el periodo máximo de percepción. Esto es lo que se denomina ‘contador a cero’.

Si el trabajador no tuviera derecho a la prestación por desempleo, pero sí al subsidio, la cuantía mensual sería igual al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente. Siempre y cuando el trabajador tuviese un contrato de jornada completa durante el último contrato.

Se otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito para atender a las necesidades derivadas de la gestión normal de una empresa, como pago de facturas, circulante, pago de mensualidades de préstamos y de obligaciones tributarias, así como necesidades de liquidez.

Como máximo se podrá solicitar el 25% de la facturación anual del negocio.

Habrá que estar al corriente con las obligaciones en la Seguridad Social.

Se establecen medidas para procurar la moratoria del pago de hipotecas tanto de la vivienda habitual como de inmuebles afectos a la actividad económica.

Para tramitar esta moratoria, deben ponerse en contacto directamente con su entidad bancaria.

Se declaran medidas de protección a los consumidores que cumplan con los requisitos marcados por el Real Decreto aprobado por el Gobierno (ERTE, Cese o disminución del 75% facturación).

Solo se podrá realizar a nombre de personas físicas. Las sociedades deberán cambiar el nombre del titular del suministro.

Se podrán aplazar tanto los seguros sociales del Autónomo como de los trabajadores, en aquellas empresas que no han cesado su actividad, por un plazo de 6 meses sin intereses. 

Siempre que cumplan con los requisitos y condiciones, y lo soliciten.

Siempre que no se tuviera otro aplazamiento en vigor, se podrán solicitar aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social de los pagos obligados entre abril y junio de 2020, a un interés del 0,5%.

Se podrá suspender temporalmente o modificar los contratos de suministro, incluso cambiar de compañía sin tener que pagar penalización.

En caso de Desempleo o Cese de actividad se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones.